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En los últimos cinco años estamos asistiendo a
una crisis que se ha desvelado como profunda
y multidimensional, más allá de ser una crisis
financiera, y que afecta a todos los ámbitos de la
vida. Las consecuencias que está teniendo esta
situación, han puesto de manifiesto las debilidades
y fortalezas que las sociedades actuales tienen para
superarla.
En el caso de España, las medidas puestas
en marcha para gestionar esta realidad están
teniendo un fuerte impacto que está recayendo
sobre la mayoría social y con especial incidencia
en las mujeres. La puesta en marcha de políticas
de austeridad ha tenido un impacto directo sobre
los servicios y derechos consolidados hasta el
momento, generando desigualdades que parecían
superadas. Un ejemplo de estas políticas son los
recortes en la protección social y servicios sociales
cuyas consecuencias afrontan principalmente las
mujeres; o la aprobación de una reforma laboral
que ha generado una degradación sustancial de
las condiciones y derechos laborales, facilitando
los despidos con mínimos costes y el aumento
de las contrataciones parciales, temporales o
las subcontrataciones; o la constricción de los
presupuestos dedicados a las políticas de igual-
dad y la eliminación de organismos en dichas
competencias. Todas estas medidas inciden en
el aumento de la carga de trabajo de las mujeres
que, dada la función que les atribuye el mandato de
género, tiene que asumir tanto la falta de servicios
sociales de apoyo al cuidado como la obtención
de ingresos que permita sobrevivir a la unidad de
convivencia en muchos casos a través del trabajo
sumergido.
Sin embargo, los análisis realizados a lo largo
de estos años sobre los efectos de la crisis son
absolutamente ciegos al género. Por una parte,
no ofrecen informaciones que muestren la realidad
desigual de mujeres y hombres sino que la
enmascaran en datos globales. Por otra parte, han
reducido la comprensión de lo económico al análisis
de los procesos de “producción” y distribución
mercantil, obviando en todo momento el espacio
en el que se generan los recursos necesarios para
satisfacer las necesidades de las personas y crear
las condiciones para una vida digna y el desarrollo
de la capacidad de producción de la población.
Esta concepción de economía en la que se asimila
trabajo a empleo, esto es, trabajo a cambio de
salario, cataloga el trabajo ligado a la reproducción,
desempeñado por las mujeres mayoritariamente,
como “no trabajo”, invisibilizando su papel en el
sostenimiento del sistema productivo y el impacto
que las decisiones socioeconómicas ligadas a la
crisis están teniendo sobre ellas.
Introducción
